modificar la normativa de Seguridad Social a las personas con discapacidad inactivas

El CERMI plantea extender la fórmula del convenio especial de Seguridad Social a las personas con discapacidad inactivas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado la necesidad de modificar la normativa de Seguridad Social para ampliar el radio de acción del convenio especial a las personas con discapacidad inactivas, de forma que con su propia contribución o la de sus familias puedan generar en el futuro prestaciones propias.

En este sentido, CERMI ha informado de que el convenio especial permite a determinadas personas, previa aportación, acceder a prestaciones sociales que de otro modo no podrían obtener por estar en situaciones o circunstancias peculiares.

De este modo, muchas personas con discapacidad excluidas del mercado de trabajo o con grandes dificultades de inserción en el mismo podrían, según CERMI, acceder a prestaciones contributivas, "ensanchando las bases de ciudadanos que cotizan y reforzando por tanto este dispositivo de protección social".

Además, según explica el comité en un comunicado, esta extensión del convenio no tendría efectos negativos sino sólo beneficiosos por lo que no generarían más cargas ni gastos para la Seguridad Social.

propuestas sobre discapacidad

Javier Rojo recibirá el próximo jueves en el Senado a representantes del CERMI, que harán propuestas sobre discapacidad

El presidente del Senado, Javier Rojo, recibirá el próximo jueves a las 11.00 horas en la cámara a miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que se reunirán para abordar una serie de propuestas en materia de fiscalidad y discapacidad de cara a los próximos años.

Entre estas mejoras, el CERMI destaca en su 'Informe sobre la situación de las personas con discapacidad en el ámbito tributario y propuestas de mejora para el período 2010-2012' una serie de ideas que, a su juicio, deberían introducirse en una futura reforma.

Así, propone "declarar la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los rendimientos del trabajo que se deriven de las aportaciones realizadas a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad".

Además, el CERMI sugiere "ampliar el ámbito de contribuyentes con derecho a practicar las reducciones previstas a todos aquellos que efectúen aportaciones a los patrimonios protegidos, tengan relación de parentesco, tutela o acogimiento o no".

Asimismo, plantea "el mantenimiento de la deducción por aportaciones realizadas a favor de los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad que sean trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros así como de sus parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de sus cónyuges o de las personas a cargo de dichos trabajadores en régimen de tutela o acogimiento".

Por otro lado, el CERMI propone la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con el fin de "declarar exentas las aportaciones realizadas a los patrimonios protegidos".

En la reunión, el comité abordará también la aprobación del plan de acción de la entidad para el año 2010 y la adopción del informe 'Derechos humanos y discapacidad. España 2009'.

Por último, realizará un balance de los resultados de discapacidad durante la presidencia española de la Unión Europea y analizará el estado de la discapacidad en las diferentes comunidades autónomas.

multar ocupación plazas aparcamiento discapacitados

Cermi exige a la Policía que aplique la multa de 200 euros a quien aparque en plazas para personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido a la Policía Local que aplique el nuevo régimen de sanción de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que eleva de infracción leve a grave el estacionamiento en lugares reservados a personas con discapacidad, y que multa con 200 euros a los conductores que estacionen sus vehículos en plazas reservadas para esas personas.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha instado este lunes a los policías locales a que hagan cumplir la nueva ley de seguridad vial, que entrará en vigor mañana martes. En ese sentido, Pérez Bueno ha calificado de "positiva" la medida porque su fin es "que induzca a los conductores a no aparcar en plazas reservadas para personas con discapacidad, aunque sea por el temor a tener que abonar la multa, que se eleva de cuantía considerablemente".

Asimismo, ha añadido que "no basta con que se eleve la multa" y ha solicitado que "la policía local se encargue de cumplir la ley" o acuda la grúa a retirar el vehículo estacionado en una plaza destinada a personas con discapacidad. Con ello, ha dicho que se lograría "una actitud preventiva de quienes ocupen esas plazas porque la ley por sí misma no resuelve los problemas si los encargados de aplicarla no se esmeran en ello".

casilla fines sociales

El 43,5% de canarios marca la casilla de fines sociales

La Plataforma de ONG de Acción Social recuerda que se pueden marcar de forma conjunta las opciones de Fines Sociales y la de la Iglesia.

El 43,5% de los contribuyentes canarios decidió ceder el 0,7% de sus impuestos para financiar los programas de las entidades sociales de las islas en la Declaración de la renta de 2009, con rentas de 2008.

El 33% marcó exclusivamente la casilla de Fines Sociales y el 10,5% lo hizo conjuntamente con la casilla de la Iglesia. Esto quiere decir que 8,6 millones de euros recaudados en este ejercicio de la Declaración irán destinados a cubrir las necesidades de los colectivos menos favorecidos de la sociedad canaria: personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, personas afectadas por el Sida o el Cáncer, Mujeres o Infancia entre otros colectivos. Así lo informó la Plataforma de ONG de Acción Social.

La Casilla de la Iglesia tuvo un apoyo del 27,7% de los ciudadanos canarios consiguiendo 6,7 millones de euros. Un 39,1% de los contribuyentes no marcaron ni una ni la otra casilla. Este dato está por encima de la media nacional, que es un 31,3%, por lo que las entidades sociales hacen un llamamiento a la sociedad canaria con objeto de que se reduzca esta cifra, con lo que mejoraría la solidaridad del pueblo canario.

Opción conjunta

La Plataforma de ONG de Acción Social, en representación de las cuatro grandes alianzas de ONG que impulsan cada año la campaña de la X Solidaria (Plataforma del Voluntariado de España, Plataforma de Organizaciones de Infancia y Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, además de la propia Plataforma de ONG) quiere llamar la atención a los contribuyentes canarios para que decidan sobre el futuro de una parte de sus impuestos y marquen la casilla de Fines Sociales o conjuntamente con la casilla de la Iglesia, opción que muchos contribuyentes desconocen. De esta manera "se hubieran podido financiar muchos más programas sociales para atender a los colectivos menos favorecidos de la sociedad canaria".

Entre otros programas financiados gracias a la Casilla de Fines Sociales en las Islas Canarias, se encuentran los colectivos de personas con discapacidad física y orgánica, mental, intelectual, y sensorial representados en las distintas asociaciones, federaciones y confederaciones.

Los contribuyentes decidieron en su declaración de la renta de 2009, referida a las rentas de 2008, que casi 264,5 millones de euros fueran destinados a programas sociales que atienden a cerca de 5 millones de personas de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Esta cantidad supone que el 34,4% de los declarantes marcaron exclusivamente la casilla de Fines Sociales y el 13,12% decidió marcarla conjuntamente con la de la Iglesia.

espera dependencia

consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, garantiza que a partir de verano todas las solicitudes de ayuda por dependencia se resolverán en el plazo de 6 meses. Se acortaría así a una cuarta parte el tiempo que se destina ahora para resolver los expedientes, que suele rondar los 2 años.

El Ejecutivo canario, asume, de esta forma, la condición impuesta por el jefe de Gobierno nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, que el miércoles pasado incluyó la desaparición del pago de la retroactividad de esta ayuda entre las medidas para hacer frente al alto déficit público.

Y es que hasta ahora cuando una persona comenzaba a cobrar una prestación económica por dependencia (no las de servicios) recibía, junto con la primera mensualidad, una cantidad única equivalente al número de meses de espera desde la presentación de la solicitud (aproximadamente 300 euros por mes). Esa cantidad, una vez entre en vigor la modificación de la ley, desaparecerá. Además la Administración se da de plazo 5 años para pagar los derechos por retroactividad que se hayan generado.

La lógica es que si en 6 meses se resuelven los expedientes no cabe ya pagar retrasos. Algo que, en el caso de Canarias, según las asociaciones de enfermos, resulta una quimera. "Si la Consejería no multiplica por cuatro a su personal es imposible que se reduzcan los tiempos", aseguran desde la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple, y en el mismo sentido se manifiesta la presidenta de la Asociación de Paralíticos y Grandes Minusválidos de Canarias (Aspaym), Ana Rog. "Hasta ahora no ha habido voluntad de que la ley funcione y no creo que vaya a cambiar".

La comunidad canaria se sitúa, en la actualidad, a la cola de España en lo que a la gestión de la ley de refiere. Hasta el mes de abril pasado -desde que la norma entrara en vigor en enero de 2007- se han presentado en las Islas 28.984 solicitudes y resuelto 22.127 -12.182 para enfermos de grado III (dependientes con pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,) y 5.580 de grado II (dependientes severos)- quedan pendientes por recibir respuesta 6.875 personas.

Rojas sostiene que será posible cumplir el compromiso porque las modificaciones permitirán, como novedad, establecer prioriades -antes debían resolverse por orden de llegada- y cribar aquellas a las que no les corresponde prestación hasta dentro de unos años (según los plazos de aplicación de la ley) por ser su dependencia de tipo moderado.

integración laboral discapacitados

CERMI pide la integración laboral de los discapacitados con motivo de la Conferencia Europea sobre Discapacidad

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Aragón, Pedro Sánchez, pidió hoy a instituciones y Estados miembros de la Unión Europea (UE) que trabajen para lograr la integración laboral de las personas discapacitadas.

Sánchez se pronunció así con motivo de la celebración el jueves y el viernes en Zaragoza de la Conferencia Europea sobre Discapacidad y Accesibilidad Universal, bajo el lema 'Autonomía personal a través de la accesibilidad universal, la educación y el empleo', en el marco de la Presidencia española de la UE. Será inaugurada por la ministra española de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Sánchez explicó en declaraciones a Europa Press que es preciso lograr esa integración laboral para todos los discapacitados, ya sean físicos, psíquicos o sensoriales, y subrayó que "una persona con discapacidad trabajando es una persona normalizada". En Aragón, hay unas 120.000 personas con algún tipo de discapacidad.

El presidente de CERMI-Aragón lamentó que a pesar de que en España haya leyes y normativas "muy avanzadas" en la integración laboral de los discapacitados, éstas "no se cumplen", y puso como ejemplo que las empresas con más de 50 trabajadores debe tener un dos por ciento de empleados con discapacidad, algo que "no se cumple, ni sanciona", señaló.

Pedro Sánchez reconoció que la crisis "también se está notando" en el empleo de los discapacitados y si bien desde el Gobierno central y el Gobierno de Aragón "están haciendo un esfuerzo importante para que los centros especiales de empleo no se vean afectados por la crisis", estos centros "lo están pasando mal".

Como ejemplo de apoyo del Gobierno, indicó que si un centro especial de empleo se dedicaba a fabricar un producto del que ha disminuido la demanda, se ha ofrecido a quienes trabajan en él "que se formen en otro tipo de trabajo".

BUENA EDUCACIÓN

Pedro Sánchez incidió en la necesidad ofrecer una buena educación y formación a estas personas puesto que "para tener buen empleo hay que tener buena formación" y eso requiere de la accesibilidad universal, es decir, la supresión de todo tipo de barreras desde el propio hogar, pasando por el transporte público y hasta los centros de educación o formación.

Todo esto, agregó, hace precisa una "mayor sensibilización" ya que si bien "se ha avanzado mucho, siguen quedando barreras mentales" y hay "reticencias hacia las personas con discapacidad, aunque cada día menos".

Pedro Sánchez estimó que la situación en Europa es "más o menos parecida" a la española, si bien depende de los países y remarcó las "buenas" condiciones de los países nórdicos. También comentó que, dentro de España, la situación varía según las Comunidades autónomas, ya que es "cuestión de voluntad política".

Respecto a los recortes anunciados por el Gobierno central, que incluye, entre otros, la supresión de la retroactividad en la aplicación de la ley de la Dependencia, Sánchez recordó el rechazo de CERMI a este anuncio, puesto que las personas discapacitadas "no tienen culpa" de que la Administración se demore en la concesión de la prestación o servicio una vez que se ha presentado la documentación.

"Sería fundamental que los recortes no afecten ni a las entidades que atiende a estas personas, ni a las personas con discapacidad", apuntó Sánchez, para agregar que en Aragón se ha publicado una normativa que indica que la Comunidad sólo se demorará tres meses desde la petición de la dependencia hasta la resolución, mientras que "hay Comunidades autónomas que tardan más de seis meses".

Por eso, la supresión de la retroactividad prevista en el recorte del Gobierno central para reducir el déficit "no afectará tanto aquí".

contratación personas discapacidad

La contratación de personas con discapacidad ha aumentado cerca de un 20 por ciento en el primer trimestre del año

La contratación de personas con alguna discapacidad ha aumentado un 19,1 por ciento en el primer trimestre del año 2010 respecto al mismo periodo del año anterior, según ha asegurado este lunes la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante la Jornada sobre empleo y discapacidad organizada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

Pese a este buen dato, la ministra ha admitido que este colectivo sufre un "alto índice de desempleo". Para paliar esta situación, el Gobierno trabaja en el incremento del 5 al 7 por ciento de la cuota de reserva de empleos públicos para personas discapacitadas, aunque la ministra ha reconocido que a día de hoy "en muchos casos se incumple este cupo".

Jiménez también ha admitido que existen empresas con más de 50 empleados que no cumplen con la obligación legal de contar con un 2 por ciento de trabajadores discapacitados. Por otro lado, ha indicado que el Gobierno estudia la posibilidad de instaurar cláusulas sociales para dar preferencia en la contratación a aquellas empresas cuyas plantillas de trabajadores estén formadas por más de un 2 por ciento de discapacitados.

La ministra ha señalado que "todavía persisten muchos situaciones de injusticia y dificultad", pero quiso dejar claro que "hace ocho o diez años" la situación de las personas discapacitadas "era infinitamente peor".

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que el Ejecutivo es "plenamente consciente de que la durísima crisis" que atraviesa España "tiene especial incidencia en los colectivos más vulnerables, como el de la discapacidad".

En cuanto al actual sistema de bonificaciones a la contratación, Corbacho ha dicho que "muchas de ellas deben de reorientarse" pero que hay colectivos a los que "de ninguna manera" se debe perjudicar.

A su vez, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha indicado que la discapacidad afecta a cerca de 3,5 millones de personas en España, de los que un millón se encuentra en paro o inactivo.

Por su parte, el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera ha apuntado que la crisis afecta de "manera particular" a los colectivos más vulnerables, por lo que hizo un llamamiento a las empresas privadas, a las administraciones públicas y a la sociedad en general para promover la contratación y la mejorar la calidad del trabajo de este grupo social.

Ironman

Política discapacidad accesibilidad

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, pidió hoy que la accesibilidad sea "el eje de las políticas públicas de discapacidad, de toda acción e intervención, pública y privada, en esta materia", durante una ponencia que ofrecerá en el Curso de Accesibilidad de la Fundación Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

En este sentido, indicó que "la accesibilidad universal forma parte, a modo de condición necesaria o presupuesto ineludible, del ejercicio normalizado de los derechos humanos fundamentales". Además, afirmó que la ausencia de la misma "ha de considerarse como una violación de estos derechos, un acto antijurídico, un trato desigual discriminatorio prohibido por la Ley y perseguible".

Así, Pérez Bueno señaló que "la accesibilidad ha sido, en España, el gran fracaso de las políticas públicas de discapacidad de estos últimos 25 años". No obstante, aseguró que en este ámbito, "a medio plazo, habrá más normas estatales y vendrá otra generación, renovada, de normas autonómicas".

Por último, destacó que "encauzar, acelerar y garantizar la buena dirección de ese proceso largo, complejo e ingrato depende de las propias personas con discapacidad y de las entidades en las que se integran, de su acción individual y de su acción colectiva".